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WASHINGTON, Estados Unidos, jul. 26, 2010.- La administración del presidente Barack Obama incrementará a 400 mil el número de deportaciones de indocumentados e intensificará auditorías a negocios que los contratan, en un esfuerzo por obtener apoyo republicano para la reforma migratoria, según reportes difundidos en Washington.

La cifra de deportaciones para este año fiscal -que termina el 1 de octubre- es superior en un 10% a las realizadas durante 2008, el último año de su predecesor George Bush y 25% más a las deportaciones de 2007.

Fuentes de la Casa Blanca señalaron que el esfuerzo del presidente Obama está orientado a conseguir suficiente apoyo republicano en el Senado, para la aprobación de una amplia reforma migratoria que en la Cámara Baja tendría cuando menos el apoyo de 200 republicanos, según dijo a Noticieros Televisa Luis Gutiérrez, congresista demócrata por Illinois.

El diario Washington Post, sin embargo, considera que el compromiso es “particularmente difícil y políticamente peligroso”, ya que pretende demostrar a halcones -como John Mc Cain, que antes no sólo apoyó sino promovió la reforma migratoria- que su administración no es débil en seguridad fronteriza, adonde además de más recursos, envió a 1,200 soldados de la Guardia Nacional.

Mientras, activistas en favor de la reforma están desilusionados de que el mandatario no haya cumplido su promesa de campaña y que en lugar de eso, ordene cerrar el cerco a 11 millones de indocumentados que viven y trabajan en la Unión Americana.

En su más reciente discurso sobre inmigración, en la Universidad Americana, Obama se comprometió a “hacer funcionar las leyes migratorias”, por lo que considera que el desplazamiento de guardias, contratación de más agentes de la patrulla fronteriza y otras agencias “no bastan” para hacer cumplir las leyes migratorias” por lo que ahora va a contra negocios que, dicen, explotan a indocumentados que viven en las sombras, multándolos por contratar personas sin papeles.

John Morton, Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, envío un memorándum instruyendo a sus oficiales a “enfocar su atención” principalmente en criminales e infractores de la ley, que reinciden en cruzar la frontera sin documentos.

Mientras, declara debe haber ciertas consideraciones para padres de familia, quienes sólo podrían ser detenidos en casos inusuales.

En entrevista para el Washington Post, Morton dijo que “la meta de los 400 mil deportaciones es política racional de inmigración” y que “están tratando de poner el dinero donde está su boca”.

“Tenemos una vigilancia agresiva contra infractores criminales, tenemos una frontera segura y le damos integridad al sistema” dijo.

De acuerdo al funcionario, la remoción física de 400 mil indocumentados, de los que algunos se dejarán ir voluntariamente, “representan la máxima carga, procesamiento, detención y audiencias de las cortes de inmigración que el sistema puede manejar”.

A diferencia de las administraciones anteriores, la presidencia de Obama se ha enfocado más en las auditorias de 2,875 empresas sospechosas de contratar indocumentados, a las que, tras revisar los documentos, ha aplicado multas por 6 millones 400 mil dólares.

Eso le ha permitido alejarse un poco de las redadas a los lugares de trabajo, en las que sólo han capturado a 765 trabajadores este año, comparados con 5 mil 100 en 2008.

Adicionalmente, el Departamento de Seguridad Interna bajo esta administración, promovió el programa “Comunidades Seguras” a través del cual ha recabado huellas digitales de 240 mil inmigrantes indocumentados convictos de crímenes, de los que ya deportó a 30 mil, incluyendo a 8 mil 600 responsables de crímenes serios.

Pero quienes presionan por la deportación de todos los indocumentados, dicen estar “frustrados” ya que consideran que si bien es cierto que los indocumentados criminales son detenidos y deportados, “a otros se les permite actuar libremente, lo que crea un sentido de impunidad”, lo que Hal Rogers, congresista republicano por Kentucky, considera una “amnistía selectiva”.

Los liberales sin embargo, consideran que la administración Obama en lugar de intensificar las acciones contra quienes contratan indocumentados, debía ordenar una moratoria en las redadas y deportaciones, que denuncian, separan familias y generan dolor y sufrimiento a las familias.

Eso lo sabe el presidente Obama, luego de haber sostenido reuniones a puerta cerrada, en marzo, con activistas promotores de la reforma migratoria, en la Casa Blanca y quienes aseguran que “el presidente estaba sorprendido por la evidencia de que miles de inmigrantes comunes continúan siendo objetivo de autoridades de Inmigración, que los detienen y deportan”.

Clarissa Martinez, experta del Consejo Nacional de la Raza, dice que “hay una brecha muy grande entre la intención y la realidad”, porque el presidente creé que ha habido más progreso en el tema.

“El gobierno federal está dando más recursos y firmando convenios como el programa 287g con policías locales y estatales, abriendo el camino a una gran cantidad de abusos”.

“50% de las personas que han sido deportadas (200,000) son personas que tenían una consignación criminal por conducir bajo los efectos del alcohol, un incremento superior en 36 mil sobre el número de personas con cargos similares en 2009″ dice John Morton, Comisionado de Inmigración y Aduanas.

La pregunta que los defensores de los inmigrantes se hacen es si el alto precio que la administración del presidente Barack Obama está dispuesta a pagar, aumentando las deportaciones, para satisfacer y conseguir el apoyo de republicanos, permitirá finalmente la aprobación de una amplia reforma migratoria, que legalice a los 12 millones de indocumentados que viven en la Unión Americana.