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“El Comité considera una preocupación el hecho de que se emplee el Ejército en la seguridad interna”, dijo el integrante de este foro de Naciones Unidas, Fabián Omar Salvioli, en la presentación de los informes sobre los países que han sido examinados recientemente.

El abogado argentino resaltó que la responsabilidad de combatir la delincuencia debe estar “en manos civiles” y pidió que el Estado garantice el cumplimiento en todo el territorio de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

El comité, que examinó a México los pasados 8 y 9 de marzo, también señala en el informe la necesidad de eliminar de la legislación mexicana la figura jurídica del “arraigo“, que permite retener a una persona durante 80 días sin intervención de un juez.

Asimismo, recalca que el procesamiento de casos de violaciones de los derechos humanos a civiles por militares no debe “en ningún caso” recaer en la justicia castrense.

En sus observaciones, pide al Gobierno mexicano que “intensifique” la lucha contra la impunidad en los casos de violencia de género, particularmente en el de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, y demanda que se tipifique el “feminicidio” en todas las jurisdicciones.

En su presentación ante el Comité de Derechos Humanos hace tres semanas, la delegación mexicana aseguró que la participación del Ejército en la lucha contra el crimen es “a solicitud de las autoridades civiles en espacios geográficos bien determinados”.

Además, indicó que no se ha derogado ningún derecho en la persecución de las redes de narcotraficantes y ésta se realiza con pleno respeto a los derechos humanos.

Desde 1999, ésta es la primera vez que México se sometía al examen de este comité, que vela por el respeto de la Convención Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Piden proteger a activista

El documento del Comité también manifiesta su preocupación por la impunidad con que actúan los responsables de los asesinatos de defensores de los derechos humanos y periodistas.

Es por esto que insta a las autoridades a que proporcionen una mayor protección a las personas amenazadas en el ejercicio de sus labores profesionales y pide que se vele por “la investigación inmediata, efectiva e imparcial” de las agresiones contra estos dos colectivos.

En sus conclusiones, el documento del comité solicita al Ejecutivo mexicano que responda en el plazo de un año a las observaciones y recomendaciones que se le han hecho respecto a la figura del arraigo, los crímenes contra los periodistas y defensores de derechos humanos, así como la violencia de género.

El resto de aspectos puede abordarse en el informe sobre materia de derechos humanos que el gobierno debe presentar a Naciones Unidas antes del 30 de marzo de 2014.

CNNMéxico