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Luego de recibir, a nombre de la UNAM, el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en Oviedo, España, el rector José Narro denunció que “en muchos sitios la educación no es una prioridad o se le escamotean los recursos”

Funcionarios de enseñanza básica y normal de diversas partes del país, así como rectores de universidades públicas, unieron fuerzas para defender la educación ante los posibles recortes al gasto en el sector planteados en el Presupuesto de 2010, lo cual, consideraron, castigará el futuro del país.

Luego de recibir, a nombre de la UNAM, el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en Oviedo, España, el rector José Narro denunció que “en muchos sitios la educación no es una prioridad o se le escamotean los recursos”.

Criticó el desinterés de algunos en la enseñanza, que es vía de superación humana. Por eso, dijo, hay que aprovechar el fracaso del sistema financiero para plantear esquemas de desarrollo que permitan a los jóvenes recuperar la esperanza en un futuro alentador.

En Tampico, Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Superior, instó a los rectores de 100 universidades públicas del país a cabildear en la Cámara baja una modificación al proyecto de Presupuesto Federal de Egresos para el próximo año, ya que es “insuficiente” y representa una disminución a programas prioritarios por 7 mil millones de pesos.

Durante la inauguración de la asamblea general ordinaria de la ANUIES, el secretario Rafael López Castañares aceptó que tras reunirse con Tuirán, “no tenemos respuesta” para recuperar no sólo los 7 mil millones de pesos del recorte, sino solicitar otros 7 mil millones de pesos para garantizar la operación de las universidades en 2010.

Ante esta situación, secretarios de Educación de 18 entidades se integraron en un Frente Común para Defender los Recursos. Informaron que el jueves pasado solicitaron a diputados federales que no disminuyan los fondos al sector y además pidieron a Hacienda corregir la “inequidad” que se propiciaría en caso de aprobarse la asignación de recursos a los estados con base en criterios de matrícula, pues sólo favorecería a 10 entidades.

EL UNIVERSAL